Hablar de la Ley de Amnistía no es un capricho político, es una deuda con quienes cargaron sobre sus hombros el peso de defendernos del infierno que desató el terrorismo comunista en el Perú. Son más de 70 mil muertos, miles de desaparecidos, pueblos enteros arrasados y generaciones enteras marcadas por el miedo y la violencia. Esa es la herencia de Sendero Luminoso y el MRTA, que pretendieron convertir al país en un cementerio.
En ese escenario, fueron las Fuerzas Armadas, la Policía y los Comités de Autodefensa los que dieron el combate que el Estado débil y corrupto no podía dar. Miles de peruanos anónimos, en uniforme o con una simple escopeta artesanal, decidieron enfrentar al terror cara a cara, mientras en Lima muchos miraban hacia otro lado o incluso justificaban a los asesinos con discursos ideológicos.
Hoy, décadas después, vemos cómo los mismos sectores que callaron frente a los crímenes terroristas se oponen a la Ley de Amnistía. Hablan de “defensa de los derechos humanos”, pero se olvidan de los derechos humanos de los policías emboscados, de los militares asesinados, de las madres y niños que murieron bajo coches bomba y masacres. Su oposición no es justicia, es ideología disfrazada de moral.
La amnistía es un acto de justicia para quienes se jugaron la vida y nos devolvieron la paz. No podemos permitir que se siga persiguiendo a quienes cumplieron con su deber, mientras los herederos del terror pretenden regresar con discursos maquillados.
El cambio de ciclo significa reconocer que la verdadera deuda pendiente no es con las ONG ideologizadas ni con las cortes extranjeras, sino con quienes defendieron al Perú del peor enemigo que haya enfrentado en su historia.