En Ayacucho, la falta de oportunidades se refleja en un dato alarmante. La región tiene la tercera tasa de informalidad laboral más alta del país con el 72 % de trabajadores en esta condición. Esto significa que la gran mayoría de los ayacuchanos trabaja sin seguro, sin estabilidad y sin derechos básicos, condenados a sobrevivir en un sistema que no les ofrece futuro.
La informalidad en Ayacucho no es un capricho de la gente, es la consecuencia de un Estado que castiga en vez de apoyar. Cada vez que un pequeño emprendedor intenta formalizarse, se encuentra con papeles interminables, coimas disfrazadas de trámites y autoridades que lo ven como enemigo. Así no se construye desarrollo. Necesitamos un Estado amigo, que dé facilidades, acceso a crédito y reglas claras para que los ayacuchanos puedan crecer sin miedo ni persecución.
El problema afecta también a la economía regional, manteniéndola frágil y dependiendo siempre de la improvisación. La informalidad no solo empobrece los bolsillos, también profundiza la desigualdad.
Un cambio de ciclo de las instituciones significa precisamente eso: terminar con un Estado que aplasta y reemplazarlo por uno que acompañe a quienes hacen que el Perú se mueva todos los días.