Desde hace años, grupos de peruanos han sostenido la idea de que el país debe recuperar su soberanía en términos jurisdiccionales frente a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambos organismos integrantes del «Sistema Interamericano de Derechos Humanos».
Estos organismos se han dejado influir por ideologías extremistas y en lugar de defender los derechos humanos de todos los ciudadanos, defienden los supuestos «derechos humanos» de terroristas y delincuentes, obteniendo compensaciones financieras gracias al apoyo de ciertas ONGs, en detrimento de los Estados soberanos como el Perú.
Además, minimizan la violencia y describen como «vandalismo» a los actos terroristas. Es importante dejar claro que toda persona que comete actos como lanzar piedras a la policía, atacar una comisaría con bombas molotov o tomar un aeropuerto, es un terrorista, independientemente de su origen étnico o racial, o de si proviene de Ayacucho, Puno, Lima o París.
Tampoco es cierto de que las protestas de diciembre y enero se deban a la discriminación de la clase política de Lima hacia las poblaciones campesinas del Perú profundo.
La CIDH no menciona a los cientos de policías y soldados heridos, e incluso de los seis soldados que murieron al tratar de escapar de las multitudes que los atacaban. Esto demuestra una falta de consideración hacia los derechos y la dignidad de los policías y soldados, y es una ofensa que no puede ser tolerada. Nos tenemos que salir del Tratado de San José.
En palabras del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la prioridad en materia de derechos humanos debe ser enfocada en la población honesta y no en los delincuentes.